LA CONSTITUCIÓN DESTRUYE LA NACIÓN
Un canal que se inspira en el paradigma ideológico
rupturista con el Régimen del 78 desarrollado por Antonio García Trevijano
(AGT) y que en su magistral obra “Teoría pura de la democracia”, denuncia que
en España no hay democracia; destacándose aspectos clave como que la Monarquía es la sucesión de la uniformidad
de la dictadura por medio del consenso. O, donde no hay representación política de los electores de distrito por
su diputado personal, no puede haber control político del poder. En este
sentido, subraya diciendo que sin
elecciones directas y separadas al poder ejecutivo y al poder legislativo no
puede haber separación de poderes en el Estado, ni, en consecuencia, garantía
alguna de libertad política. Claramente, García Trevijano tenía Razón. Ver video de
Antonio García Trevijano donde explica por qué España no es una democracia (1).
Y es que si
atendemos a la definición de democracia que nos ofrece la Real Academia
Española (RAE), como sistema político en
el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por
medio de sus representantes; en España, el régimen del 78 nos impuso un
sistema político perverso, con la perpetuación ad infinitum de la misma casta
política (PP-PSOE), mediante un sistema electoral en el que cada ciudadano no
representa un voto. Por ejemplo, en las elecciones del año 2000, el PNV
con 353.953 votos obtuvo 7
diputados y IU con 1.263.043 votos solo 8 diputados. Pero es que, además,
¿Quién elige a tus representantes? A este respecto, citemos la “carta magna” en
su artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo
político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto
a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán
ser democráticos. En este artículo
no se menciona nada del concepto crucial de un Estado Democrático, la
representación política, y como bien destaca Adrián Peña (2): Participar no es lo
mismo que estar representado. Se omite la palabra representar, así, al igual
que en las elecciones durante el franquismo el pueblo participa, pero
no decide, no tiene poder alguno sobre sus supuestos mandatarios. El Estado no nos reconoce un derecho
fundamental a la representación política, tan sólo un derecho de participación:
Artículo
23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal. Artículo
66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español…
Por tanto, siguiendo con
Adrian Peña, todo aquel que quiera ser elegido, debe ser presentado como
candidato por un partido o coalición de partidos. Entonces, si los partidos son
los únicos que pueden presentar candidatos, ¿acaso éstos no obedecerán antes al
partido que a sus votantes? Es más: ¿conoce acaso el Diputado a sus electores?
¿El Diputado es un mandatario del pueblo, o del partido que lo pone en la
lista? ¿Dónde está el supuesto vínculo jurídico de representación del Diputado
con sus electores? ¿Dónde está la representación? En
ningún lado, los partidos políticos, son estructuras totalitarias
jerarquizadas con constantes luchas internas de poder y que adolecen de
mecanismos democráticos de transparencia. El aparato del partido, elige a los
representantes de turno de acuerdo a criterios que nada tienen que ver con las
inquietudes, necesidades y exigencias de sus votantes, más bien, obedecen a criterios
de servilismo y arribismo, ni siquiera de capacidad y mérito. Ya sabemos de las
purgas internas de los partidos
Por otro
lado, la separación de poderes, elemento esencial en una democracia y en un
Estado de Derecho, es en España una auténtica falacia, son los grandes partidos
los que eligen a los altos poderes judiciales: el Consejo General del Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional, La Fiscalía General del Estado. La frase
célebre de Pedro Sánchez: “¿De quién depende la fiscalía? Pues eso,” pasará a
la historia del despotismo político en España. Pero, ¡Cómo es posible que la
renovación del poder judicial esté bloqueada por la casta política!, está claro, por la
sencilla razón de que quieren seguir manteniendo la correlación de fuerzas en
un poder que rinde vasallaje al omnímodo poder de la oligarquía de partidos. Y
es éste, el sistema proto-democrático, pre-democrático o proto-dictatorial, en
el que la farsa democrática se dramatiza en parlamentos que no representan la
soberanía nacional y en los que la casta política simboliza posturas enfrentadas, que a la postre se alinean en el mismo devenir, que, en el caso actual, les
viene impuesto desde élites plutocráticas transnacionales. En este sentido, el
elemento más revelador de que España no es una democracia, es que nuestro voto,
es cercenado y anulado por las decisiones de organismos trasnacionales que no
hemos elegido: El Fondo Monetario Internacional, El Banco Central Europeo, La
OMS, la OTAN y hasta la Fundación Bill y
Melinda Gates. Los políticos de turno se han convertido, como decía Julio
Anguita, en los manijeros de estos entes siniestros.
Las felonías y corrupción
sistémica de la Casta Política española son soportadas por la Constitución, y
en ella se apoyan para abundar sus diversas fechorías. Los Estados de Alarma
que Pedro Sánchez declaró en la pandemia, aplaudidos y llevados a rajatabla por
los caciques territoriales, fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional,
el cual debería haber sido cesado por completo por dilación negligente en su
sentencia. Pues bien, estos Estados de Alarma ilegales, supusieron la mayor
agresión a los derechos y libertades fundamentales de los españoles en tiempos
de paz, con resultados lesivos no sólo para la economía y la armonía social,
también, dejaron un rastro de muertos inconmensurable, en parte debido a la
administración masiva e indiscriminada y sin receta médica de un tóxico sin garantías sanitarias, la
vacuna Covid, promocionado por el Estado, con letales efectos adversos y lesiones graves (3). Feijoó aprobó las medidas más restrictivas de la pandemia (4) y Revilla quería vacunar a todo el mundo por lo civil o lo militar (5). Y al amparo de la Constitución y del
poder judicial, ¿Ha existido algún tipo de reproche jurídico al gobierno central y a los
gobiernos autonómicos? NO. Mientras tanto, toda la casta política y en
particular, el abyecto Pedro Sánchez, se exhibe en los medios de comunicación
venerando la Carta Magna.
¡Cómo es posible que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, insólita en la legislación de nuestro entorno occidental, tenga encaje constitucional! Una ley que atenta contra dos elementos esenciales de los estados democráticos: la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia; instalando en España una justicia de autor, con juzgados de excepción. Todo ello, señas de identidad de estados autoritarios y en donde lo importante no es el delito en sí, más bien las características, en este caso, sus atribuciones biológicas, del victimario. La nueva afrenta al artículo 14 de la Constitución, es la recién promulgada Ley de Paridad.
Y es que en el Régimen del 78
no se produjo una ruptura con el régimen franquista, parte de los actores que
redactaron la Constitución Española, habían formado parte del régimen criminal
de Franco, haciéndose una transposición, sin anestesia, o mejor dicho con
amnistía total, de las estructuras franquistas a la proto-dictadura
tardo-franquista de partidos, imponiéndonos un monarca franquista sin
legitimidad popular, y una oligarquía de partidos, que dominará todo el espectro
de la decisiones populares; alternándose en el poder de manera regular, con una
ley electoral que le da un poder omnímodo, no solo a los dos grandes partidos de
la socialdemocracia española, también a los secesionistas. En ese escenario, el
devenir de la corrupción estaba servido.
Y
en este sentido, sentencia Javier Torrox (6): ¿Cuáles son las señas de identidad del neofranquismo? Son dos, el
reformismo y el consenso. Los oligarcas no quieren romper con la ilegitimidad
del pasado, prefieren reformarlo. ¿Por qué? Porque ese es el medio por el que
los franquistas y la oposición clandestina convergen en un único cuerpo de
poder, la oligarquía que nos gobierna por gracia de la Transición. Nadie
discute, nadie sale perdiendo. Todos ganan. Salvo los ciudadanos, humillados en
la condición de súbditos en tanto que huérfanos de su libertad política.
Privados de ella, los oligarcas se perpetúan, medran y devoran el Estado.
Y
es que el régimen del 78 se asienta en el consenso. AGT (7) señala
elocuentemente: El consenso es un valor negativo, no puede haber ni ciertas
dosis, ni mínimas, ni máximas. El
consenso es contrario a la libertad y, justamente, donde hay consenso, no hay
libertad. Por tanto, es difícil pasar de la dictadura a la democracia; incluso
el pensamiento político de los griegos (Aristóteles) ya decía claramente que de
la dictadura no se pasa a la democracia, se pasa a la oligarquía, porque ésta
es una degeneración de la dictadura y, asimismo, también aseguraba que la
degeneración de la oligarquía genera la democracia. Los poderosos han de
odiarse. El consenso implica el reparto de la corrupción. El enemigo de la
corrupción es la separación de poderes (8).
Los datos funestos de la
corrupción sistémica del régimen del 78, perpetuada en el tiempo, demuestran la
inconsistencia de la Carta Magna o mejor dicho su gran valor para los actos
delictivos de la casta política. En los siguientes gráficos (9), podemos
visualizar los niveles de corrupción en España.
Figura 1. El coste de la corrupción por caso (izquierda) y los casos de corrupción por organización política o social.
Figura 2. Instituciones o personas más acostumbradas
a ofrecer o recibir sobornos y ejercer el abuso de poder en beneficio propio
según la población española en 2022 (10) .
Romero y colaboradores (2016) (11) indican de manera
elocuente que en España existe un problema muy serio de corrupción política casi
sistémica, estructural y que viene de lejos. Una minoría privilegiada se ha
dedicado a saquear de forma sistemática, organizada y generalizada con prácticas
muy nocivas para el conjunto de la sociedad. Se trataba de aprovecharse de los
presupuestos públicos, vía adjudicaciones amañadas o autorización de
sobrecostes injustificables, allí donde fuera posible: construcción de grandes
infraestructuras, escuelas, hospitales, centros culturales o deportivos…, cualquier programa que dispusiera de recursos públicos o cualquier departamento
o empresa pública que tuviera capacidad de endeudarse ha servido para ese
propósito.
Es difícil establecer el coste de la corrupción en
España, análisis conservadores estiman que entre 1978 a 2015 (12), la corrupción política en España ha dejado un
agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros. Otros
estudios más generosos lo elevan a 90.000 millones anuales (13).
La corrupción
política en España en el período 2000-2020, para todos los niveles
territoriales, revela 3.743 casos de corrupción, localizados principalmente en
Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. El Partido Popular concentra el
40,5% de los casos mientras que el Partido Socialista Obrero Español el 38,3%
(14). Pero, si
consideramos al despilfarro como otra forma de corrupción, los datos son devastadores.
Romero et al., (2016) (11) señalan que
en el periodo 1985–1995 se “dilapidaron” en ineficiencias 15.217 millones de
euros o cerca de un 5 % del PIB. En el periodo del llamado boom económico
(1996–2007), la magnitud del despilfarro alcanza un 20 % del PIB. Pero, como se
observa, en este período de crecimiento económico acelerado en el que estimamos
un despilfarro (ineficiencias y corrupción) de 147.732 millones de euros, no es
posible determinar con exactitud, el monto preciso de esta cantidad que es
atribuible directamente a la corrupción. Finalmente, en el periodo que va desde
el inicio de la crisis económica hasta ahora, se puede cifrar la ineficiencia y
el despilfarro en un 3 % del PIB, o unos 31.556 millones de euros. En las dos
últimas décadas, de acuerdo con nuestras primeras estimaciones, las
administraciones públicas han comprometido más de 81. 000 millones de euros en
infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas.
Una cantidad que puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si se
suman las obligaciones ya adquiridas. Despilfarro en líneas de alta velocidad,
vías de alta capacidad con sobrecostes, en la red de puertos y aeropuertos
competencia de la Administración General del Estado. Despilfarro y sobrecostes
en las infraestructuras competencia de las Comunidades Autónomas y gobiernos
locales. Las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales han comprometido de forma
inadecuada algo más de 35.000 millones de euros entre 1995 y 2016. Una cantidad
que ascenderá a más de 51.000 millones en los próximos años si se tienen en
cuenta los compromisos ya adquiridos por distintos gobiernos.
Ya lo decía Antonio García Trevijano: la corrupción es sistémica y aparece junto a la
Constitución, es congénita con el régimen. Sin corrupción no sería aplicable la
Constitución (15).
Pero es que
el régimen del 78 con su Carta Magna como referencia magistral, nos ha llevado a
los peores niveles de deuda conocidos (16) (Figura 3), a los mayores niveles de
pobreza (16) (Figura 4), con los mayores niveles de desempleo de Europa (17)
(Figura 5), con el consecuente aumento de las personas sin hogar (18) (Figura
6) y una reducción alarmante del índice de progreso humano, en especial, el
referido a las necesidades humanas básicas (16) (Figura 7) y con un reducción
también importante de los niveles de cohesión social (19). Todo ello, acelerado
en el gobierno de Pedro Sánchez.
Figura 3. Evolución de la
deuda en España.
Figura 4. Evolución del riesgo
de pobreza en España.
Figura 5. Tasa de desempleo en
Europa.
Figura 6. Evolución de las
personas sin hogar en España.
Figura 7. Índice de progreso
social en España.
Otro
indicador indecente del secuestro del Estado de Derecho por parte del poder
político es el uso del indulto, los casos son verdaderamente humillantes, lo
administran según sus intereses y agendas ideológicas del momento, dejando al
poder judicial como una auténtica caricatura. Pero la traición final a la
Soberanía Nacional se sustenta en el pacto secreto del gobierno, con delincuentes
fugitivos de la justicia, y en el extranjero, que pretende, por la puerta de
atrás, al margen del pueblo español, un nuevo proceso constituyente
federalista, teniendo como coartada la amnistía de los secesionistas catalanes.
Hasta el Código Penal es un comic para esta caterva de traidores, que deberían
ser condenados por pactar con prófugos de la justicia, en virtud del Artículo 408 del código penal que dice:
“La autoridad
o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga
noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a
dos años”.
Pero, ¡Aquí no pasa nada!
Y es que Javier Torrox (20)
detalla magistralmente que el régimen del 78 ha hecho de la deslealtad virtud, no
solo publicitan la felonía, presumen de ella, el ejecutivo y legislativo actúan
en unidad de poder al promover la ley de amnistía dando un golpe a la nación,
el estado vuelve a rebelarse contra España y cuentan con la Constitución como cooperadora necesaria, la fábrica de
coartadas del régimen del 78, su cometido es afirmar la constitucionalidad del
proceso de demolición de España que acaba de empezar en Suiza.
Además, caciques territoriales
como Juanma Moreno, el nacionalista andaluz, se suman al banquete, y pide
a Sánchez 17.800 millones y un fondo compensatorio para Andalucía tras el pacto
PSOE-ERC (21).
Por tanto, y
de nuevo con Javier Torrox (22): El Régimen del 78 camina hacia lo que ya llaman una segunda Transición, un
proceso constituyente que pretende convertir España en un Estado federal: que
las CCAA se constituyan en naciones que se declaren estados que, a
continuación, se federen entre sí. Esto sería la muerte de la Nación política
española. La Nación y su Derecho han sido atomizados por la Constitución de
1978. Los separatistas nunca han sido tantos ni tan
fuertes como lo son ahora gracias al 78. Las tajadas del Estado se han agotado.
El próximo festín será de tajadas de la Nación.
Y es
que, este proceso federalista, absurdo, sin justificación cultural, histórica
ni social, tiene su declaración de intenciones en el artículo 2 de la
Constitución: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho
a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
Artículo
que plasma una contradicción irresoluble, España no es una nación de naciones.
Y así lo refiere José Alsina (23): La
nación fraccionaria necesita de la mentira histórica, debido a que surgen de
modo diametralmente opuesto a las naciones canónicas. Si estas surgen de la
historia, aquellas lo hacen de la metafísica, y forzosamente tienen que
manipular la historia, distorsionarla para que encaje en sus planteamientos
metafísicos. Además, mientras que la nación canónica se forma por
integración de pueblos o naciones étnicas previamente dadas, la nación
fraccionaria se constituye a partir de la desintegración o destrucción de una
nación canónica previamente dada, a la que se considera a veces como una
“nación invasora”.
Como
destaca Pedro González (24), en la España
del consenso de los partidos, los partidos también se abrazan para el reparto
del Estado. El consenso político es
un invento de la transición española, consiste en un reparto de poder
oligárquico para que ninguna facción esté por encima de otra (AGT) (25). Y mientras tanto, ¿Qué hace el jefe del estado, el
monarca? Pues proponer a Pedro Sánchez a la candidatura del gobierno. Ya lo
decía AGT en su libro Teoría Pura de la Democracia (26): Esta Monarquía es la sucesión de la uniformidad de la dictadura por
medio del consenso.
Y el reparto del Estado,
mediante el mantra del federalismo, tan cacareado por la izquierda, supone un
avance más para el expolio y el latrocinio al pueblo español por parte de la
oligarquía de partidos, a través de los caciques territoriales, desarrollando
una red clientelar más profusa de la existente.
Como señala Carlos Cano (27) el reformismo político, no quiere oír ni hablar de ningún proceso de
libertad constituyente, es incapaz de ir más allá de un modelo territorial federal.
Frente a este panorama, quiero destacar de manera íntegra algunas de las
reflexiones más sagaces al respecto de Carlos Cano:
Los que no estamos de acuerdo ni suscribimos la solución federalista para
España, corremos el riesgo de ser acusados de “fachillas” por aquellos que
impugnan el “unionismo” en nombre del federalismo o del “consenso”. Por esta
razón, todo posicionamiento decididamente anti-nacionalista, corre el riesgo de
ser capitalizado por las derechas o el PP; sin embargo, esta penosa situación
solo evidencia, a mi juicio, el estado deplorable de las izquierdas
acomplejadas, que, durante estos años de autonomismo centrifugador, han asumido
y tolerado, con la connivencia de las instituciones y el erario público, la
nescencia y la jerigonza separatista, sobre todo, aquellas que para poder
gobernar, han tenido que cambalachear y comprometerse con gobiernos
nacionalistas.
El federalismo supone, tal y como sugiere su propio nombre: “federar”,
palabra que proviene del latín foedarae, cuyo significado es
“unir”. Entonces, en el caso concreto de España, me pregunto lo siguiente: ¿qué
sentido tiene separar lo que ya está unido para volverlo a unir después? Mientras que para algunos el federalismo es la
solución más razonable; para otros, es un proyecto que supondrá un paso más
hacia la secesión.
La federación solo es posible en el momento preciso en el
que se constituye un Estado. Caso paradigmático de estado federal es Estados
Unidos y su Segunda Constitución del 1787, acto donde las trece colonias
aprueban abandonar su condición de estados independientes al ceder su soberanía
a la federación. Pero España tampoco puede ser jamás un estado federal en el
sentido de asociación confederada, porque ello implicaría reconocer la
preexistencia de estados independientes que han decidido federarse.
Los que defendemos
la República Constitucional, no solo nos oponemos radicalmente a la reforma de
la Constitución del 78, sino a todo el régimen falso de la Transición que no
fue producto, como sostienen sus corifeos, de un proceso de libertad
constituyente…
… los actuales partidos de esta monarquía de partidos
estatales no pueden brindar al pueblo español la solución de nada, puesto que
ellos mismos son parte del problema. Basta con cambiar el sistema electoral y
separar los poderes del Estado. Basta con dar a los ciudadanos el derecho de
elegir a sus representantes de distrito y el de nombrar o deponer directamente
a sus gobiernos.
…defender lo poco que queda de una soberanía nacional
supeditada a ese monstruo supra-nacional y profundamente anti-democrático que
se llama Unión Europea.
Y es que la izquierda española, desde Santiago Carrillo, ha cometido alta traición al pueblo español y a la clase trabajadora. La actual, caballo de Troya del neoliberalismo más depredador, es una infame caricatura, en la izquierda indefinida actual, como la definiría Gustavo Bueno, los principios esenciales de la izquierda, la dialéctica del conflicto vertical y el materialismo histórico de Karl Marx, han sido sustituidos, por mandato de las élites plutocráticas, en políticas de identidad y climáticas.
Decía
Spinoza: “La mayoría de nosotros permanecemos pasivos la mayor parte del
tiempo, debido a que no hay mayor esclavitud que estar sujetos a dos pasiones:
el miedo y la esperanza”. Pues eso es precisamente lo que hacen todos los
políticos, anulan tu existencia y tu acción vital con el miedo, generando todo
tipo de problemas, para luego plantearte la solución, la esperanza. Lo único
que nos queda, en la dramática situación actual de España, es el desarrollo de
la conciencia crítica y su extensión a todos los rincones del pueblo español,
para que, en las próximas elecciones, se instaure la revolución pacífica que derogue
definitivamente el régimen oligárquico de partidos del 78 mediante la abstención
masiva.
Pedro
Ángel Latorre Román
Referencias
Referencias
(1)
https://youtu.be/drZrGLrZ-Fk
(2)
https://www.diariorc.com/uncategorized/la-mentira-fundamental-del-reino-el-regimen-del-78-parte-iv/
(5)
https://www.lavanguardia.com/politica/20211116/7866659/revilla-pide-vacune-mundo-buenas-malas.html
(6)
https://www.diariorc.com/articulos/retrato-del-consenso-el-neofranquismo/
(8)
https://www.ivoox.com/consenso-es-corrupcion-audios-mp3_rf_97121493_1.html
(9)
https://casos-aislados.com/
(11) Romero, J., Brandis, D., Delgado, C., García, J. L., Moreno, M. L. G.,
Olcina, J., ... & Vicente, J. (2018). Aproximación a la Geografía del
despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas. Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, (77), 1-51.
(12) Castañón, F. J. (2016). Diccionario de la corrupción. Nostrum.
(13)
Quintanilla, P. B. (2018). The costs of corruption across the
European Union.
(14)
Abreu, J. (2022). La corrupción política
en España: un análisis descriptivo (2000-2020). IREA–Working Papers,
2022, IR22/21.
(16) https://datosmacro.expansion.com/deuda/espana
(18) https://www.epdata.es/datos/centros-servicios-atencion-personas-hogar-datos-graficos/452
(20) https://twitter.com/Javier_Torrox/status/1731561974528712756/photo/1
(22) Torrox, J. (2023). Federalismo cacique. El 78 contra el pueblo. Razón española: Revista bimestral de pensamiento, (238), 123-125.
(23)
https://posmodernia.com/nacion-fraccionaria-y-mentira-historica/
(24) https://www.diariorc.com/articulos/amnistia-y-concordia/
(25) https://www.diariorc.com/radio-tv/el-consenso-politico-genera-servidumbre-voluntaria-reposicion/
(26)
https://www.diariorc.com/su-pensamiento/
(27)
https://www.diariorc.com/uncategorized/federalismo-ultimo-caballo-troya-balcanizar-espana/
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